Quienes toman las decisiones voltean a otro lado cuando hablamos de violencia feminicida. Ignoran a las mujeres que necesitan protección, revictimizan a las que se atreven a denunciar violencia sexual, exhiben nuestros cuerpos mutilados impunemente y no se ofrece propuesta alguna para detener estos agravios. Tomar las calles es el último recurso ante la inacción del gobierno.

Son tiempos de exigir la transformación feminista que necesitamos. Llevamos décadas postergando la urgente necesidad de que las acciones del gobierno atiendan integralmente los orígenes y las consecuencias de la violencia extrema contra las mujeres. Las declaraciones, las promesas y los decálogos son palabras vacías cuando se dice que no hay recursos ni voluntad para garantizar nuestra seguridad.

Demandamos que la asignación de presupuestos sea sensible al género, porque es la única manera en la que se puede reflejar la voluntad política de combatir la violencia machista que nos quita la vida.

Por nuestras hermanas.

Por las más de 9 mil hermanas desaparecidas en México.

Por las miles de mujeres y niñas víctimas de violencia sexual.

Y por nuestras propias vidas. No merecemos la condena de vivir con miedo.

Saldar la deuda es garantizar justicia, brindar protección y asegurar nuestras vidas libres de violencias. Las de todas: niñas, lesbianas, migrantes, indígenas, afromexicanas.